David Martínez|Ciudad de México
Desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció las acciones para el rescate del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), esto como parte de la política pública en el sector salud, compromiso vital del gobierno federal.
“Si había un sistema de salud totalmente arruinado, era el Issste. Lo habían saqueado por completo, lo habían privatizado y se está rescatando”. Además, era la institución de salud “más destruida, la pulverizaron, subrogaron todos los servicios. No tenía laboratorios y todavía no tiene en algunos casos, son contratos”, expresó.
En el marco de la conferencia de prensa de este martes, el mandatario federal informó que el grupo conformado para sanear la institución encontró que entre las irregularidades heredadas por esta dependencia de administraciones anteriores, había clínicas con más de dos décadas sin equipo médico nuevo, mantenimiento mínimo para aire acondicionados, impermeabilizaciones y una red sanitaria inadecuada; otras tenían 12 años sin compras de equipo básico o especializado y había más de 40 años sin construcción de hospitales.
Se detectó también un esquema de saqueo y defraudación que afectó su patrimonio durante 12 años por más de 15 mil millones de pesos, en la que participaron ex trabajadores coludidos con servidores y coyotes, para tramitar miles de juicios ante tribunales para obtener pensiones más altas de las definidas por la ley.
Se explicó que al menos cien pensiones rebasan el monto máximo de 31 mil pesos establecido por la ley.
Entre las cinco pensiones mayores que están fuera de la norma, representaban pagos por 273 mil pesos, 236 mil, 186 mil, 138 mil y 129 mil pesos, otorgadas en el año 1995, 1999, 2000, 2002 y 2005, luego de sentencias de tribunales, de las que se beneficiaron ex funcionarios públicos cuyo nombre no se reveló.
Como parte de la privatización, añadió, se contrataron ambulancias y hasta camillas, y quienes ofrecían los servicios estaban vinculados con servidores públicos o con traficantes de influencia. Era una gran corrupción.
López Obrador reiteró que con la estrategia de su administración en este sector, “vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo por el número de mexicanos que van a ser atendidos”, ya que posiblemente con excepción de Asia, en Europa o en América “no hay un sistema así”, ya que se atenderán con el sistema IMSS Bienestar a 60 millones de personas sin seguridad social, en el caso del Issste, busca dejar un instituto saneado, y que se garanticen buenos servicios a trabajadores al servicio del Estado, que suman más de 3 millones de servidores públicos, entre maestros, burócratas y funcionarios.
En su participación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y quien encabeza el equipo que emprende el rescate del Issste, sostuvo que el instituto padeció de una “privatización silenciosa” que lo fue dejando sin capacidad ni autonomía y redujo su operatividad al mínimo.
En la privatización de los servicios médicos, que comenzaron en 2007 se pagaban precios más altos de lo real.
Los montos de contratos en el sector salud llegaron a ascender a 254 mil millones de pesos, de los que más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos con el Issste. En tanto, los dueños de las empresas contratadas eran funcionarios, políticos y prestanombres.
Junto al “negocio redondo” había una mala administración de las farmacias y robo hormiga de medicamentos. “Estamos trabajando para que el ISSSTE vuelva a ser la gran institución que era en antaño, ejemplo en América Latina”, indicó Rodríguez.
Cabe destacar que la dependencia atiende a 14 millones de derechohabientes, con un incremento importante en los últimos años, pese a lo cual la infraestructura no creció al ritmo que se requería.
Destacó que actualmente se construyen tres nuevos hospitales regionales de alta especialidad en Coahuila, Guerrero y Jalisco, así como un hospital general y dos clínicas hospitalarias. Con ello, se beneficiarán un millón 600 mil de trabajadores y 6.1 millones de personas en total al incluir a sus familias.
También, se emprende una “nueva cultura laboral”, y “cero tolerancia” frente al robo de medicamentos, de laudos y pensiones.
