Ciudad de México
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado al menos 12 sindicatos fantasma, la mayoría de ellos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que fueron usados para emitir facturas falsas.
Incluso, uno fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (ahora Fiscalía) por ilícitos fiscales, según un oficio consultado que forma parte del expediente penal.
Entre 2015 y 2019 la autoridad fiscal determinó que estas 12 organizaciones gremiales realizaron operaciones inexistentes, porque emitieron facturas sin contar con empleados ni infraestructura para prestar los servicios señalados en sus comprobantes y fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federación.
El SAT puso a estos sindicatos bajo la mira porque se percató de que actuaban como personas morales que realizaban actividades lucrativas, pese a que la naturaleza de estas agrupaciones es la defensa y mejoramiento de los intereses de los agremiados.
“Se consideran como personas morales no contribuyentes, por lo que son los socios agremiados de los sindicatos quienes deberían expedir los comprobantes fiscales por la prestación de servicios a terceros y no la organización sindical”, se lee en un oficio del SAT enviado a uno de los contribuyentes listados.
En la revisión hecha a los antecedentes de los 12 sindicatos, se encontró que al menos tres de ellos han sido proveedores o contratistas con dependencias locales o federales y que dos más han recibido beneficios fiscales.
Servicios simulados
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Acarreo de Materiales, Terracerías, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM fue exhibido por el SAT como presunta Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) el 5 de septiembre de 2018. Aunque sus abogados han emprendido una batalla legal para que el SAT lo elimine de sus listas negras, no han logrado concretarlo. En un oficio fechado el 11 de julio de 2019, el SAT señaló que el sindicato sí aportó argumentos y pruebas para desvirtuar la acusación, pero no lo logró definitivamente. Su caso todavía continúa en revisión.
Este sindicato, a su vez, tiene antecedentes como proveedor y contratista de Fonatur Constructora y Fonatur Mantenimiento Turístico, a las que les facturó al menos 61.4 millones de pesos entre 2013 y 2017, de acuerdo con los procedimientos de compras y a los contratos consultados en Compranet.
Los servicios que el sindicato prestó a Fonatur fueron por arrendamiento de maquinaria, retiro y traslado de lodos deshidratados a un relleno sanitario municipal, rehabilitación de una ciclopista y acarreos de materiales y escombros en diversas obras en zonas turísticas de Los Cabos o Nayarit.
El sindicato también le vendió productos minerales, materiales de construcción y le prestó servicios científicos y técnicos, así como riego de terracerías. En total, firmaron 69 contratos, 68 por adjudicación directa y uno por invitación a tres personas.
Según el registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), su secretario general es Avelino Aguirre Marcelo, actual diputado local en Nayarit por el PRI y líder de la CTM en aquella entidad.
En entrevista con este medio, Aguirre Marcelo aclaró que continúan defendiéndose a través de un despacho fiscal de estas acusaciones. “Es un error, no somos un sindicato fantasma”, afirmó. Su abogado, Óscar Fabián Barajas, negó que emitan facturas falsas. Explicó que el problema se debió a que el sindicato facturaba y fungía como intermediario de sus sindicalizados, que eran quienes prestaban diversos servicios a empresas que llegaban a zonas turísticas a construir hoteles o carreteras.
“Esas zonas son muy pobres y todas las personas que están sindicalizadas con esta agrupación tienen camiones, bancos de arena, materiales; entonces, el sindicato lo que hace, en su función social, es lograr contratos a los sindicalizados”, destacó.
También había obras con gobiernos, abundó, donde el sindicato se encargaba de cobrar esos servicios prestados por sus agremiados porque ellos no tenían cómo facturar. Una vez que se hacían el pago a la cuenta del sindicato, éste repartía el dinero entre sus agremiados.
Cuando el SAT hizo la revisión de los comprobantes fiscales que emitía el sindicato a las empresas licitantes o al gobierno, le hizo la observación de que emitía facturas, pese a que no tenía infraestructura ni materiales para realizar los servicios porque no había camiones o insumos declarados a su nombre.
“Hay sindicatos que sí se prestan para hacer operaciones simuladas, pero en especial en este sindicato de acarreo no había ninguna simulación. Aunque el sindicato no tiene trabajadores, tiene cientos de sindicalizados en estas zonas y todas esas personas dieron fe de que gracias a la intervención del sindicato tuvieron trabajo para realizar los acarreos, que fueron reales”, abundó.
Barajas aclaró que aunque el SAT emitió un oficio en el que desestimó las pruebas, el despacho fiscal logró que la administración jurídica del SAT ordenara reponer el procedimiento al considerar que no se valoraron correctamente las pruebas, por lo que siguen en el listado de presuntos y están en espera de que se emita otra resolución.
Otra agrupación listada por el SAT como EFOS y que ha sido contratista gubernamental, al menos en Hidalgo y Baja California Sur, es la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores, Permisionarios del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana.
Este sindicato de transportistas, declarado como fantasma, facturó al municipio de Los Cabos 7.9 millones de pesos entre 2014 y 2019, según dio a conocer la organización Border Hub en un reportaje sobre empresas fantasma publicado en julio de este mismo año.
Además, aparece registrado en un padrón de proveedores de 2015 del Ayuntamiento de Atitalaquia, en Hidalgo. Aunque no vienen datos del representante legal o administrador, reporta un domicilio en Xochimilco, en la Ciudad de México, donde se observa una vivienda austera.
Alertan por posibles delitos
El SAT ha alertado que las EFOS, también llamadas factureras, han sido usadas de manera recurrente porque permiten aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones, engañando a las autoridades tributarias, lo que puede constituir un delito de defraudación fiscal.
También permiten encubrir pagos de actividades ilegales, disfrazándolos de operaciones de compraventa de bienes y servicios inexistentes, como sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y actos de corrupción.
Para Muna Dora Buchahín, exjefa de Auditorías Forenses en la ASF, el hecho de que estas entidades, como los sindicatos, aparezcan en los listados negros del SAT se puede deber a que lucraron con la emisión de facturas que les ayudaron a deducir impuestos. “Yo digo que es lavado de recursos… lo que quieren es engañar al SAT y es una práctica que ha sido de hace muchísimos años”, recordó.
Estos esquemas usados por algunos sindicatos se crean con intereses de realizar otro tipo de actividades independientemente de las básicas, que sería el apoyo a sus agremiados. El modus operandi de estas estructuras tiende al desvío de recursos. “Muchos pueden abrir cuentas en el extranjero, hacer compras ficticias. No sabes si usaron empresas fachada para hacer compras de inmuebles, si se han pagado impuestos, todo eso es imposible de revisarlo”, agrega.
Esto se debe a que hay un manejo opaco de sus recursos, apunta, ya que se desconoce la información sobre cómo utilizan los recursos que obtienen, cuántas y cómo son las aportaciones de sus integrantes, si tienen ingresos de otra índole, cómo adquieren las propiedades, cómo gastan sus recursos y si recurren a licitaciones. Detrás de esta opacidad que caracteriza a muchos sindicatos puede haber grandes intereses.
Antecedentes turbios
En Chihuahua, el Sindicato Único de Materialistas, Domperos, Traslado de Personal, Piperos, Conexos y Similares de Satevo, adscrito a la CTM, es otro que fue incluido desde 2017 en los listados de empresas fantasma.
Su líder, Erick Salvador Mariñelarena Baca, explicó que ellos se dedican a prestar servicios de acarreo y suministro de material a empresas que llegan a realizar obras en su municipio. “En 2017 cancelaron nuestros sellos y nos preguntaron por qué facturábamos si éramos una organización sin fin de lucro”, contó.
El dirigente señaló que la factura se emite a nombre del sindicato porque es la figura que funge como intermediario para acordar los mejores precios. “Obvio que es una actividad lucrativa porque estamos prestando un servicio, pero no es para el beneficio del sindicato, sino de los agremiados del sindicato”, manifestó. Debido a que no pudieron corregir su situación fiscal ante el SAT porque no tienen activos ni propiedades registradas a nombre del sindicato, a partir de 2019 constituyeron una empresa con la que facturan.
