Ciudad de México
El programa de espionaje Pegasus fue contratado por la Procuraduría General de la República (PGR) a un costo de 32 millones 16 mil dólares, empleando empresas que dejaron de operar el 31 de diciembre de 2018, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En la rueda de prensa en Palacio Nacional se informó que la contratación de programas de espionaje se remonta a 2012, cuando el sector de seguridad estaba a cargo de Genaro García Luna.
La contratación de sistemas de espionaje se realizó a través de nueve empresas, entre las que destacan, por los montos recibidos Tech Bull SA de CV y Balam Seguridad Privada SA de CV, a las que se transfirieron recursos de cuentas concentradoras del gobierno federal.
«No sólo se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores lo cual implica o se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas en sobreprecio al gobierno de la República, del año 2012 a 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto», explicó Nieto.
En total, las nueve empresas recibieron depósitos por un monto de 5 mil 914 millones de pesos, y de siete millones, 96 mil dólares; sin embargo, los retiros fueron de 2 mil 889 millones de pesos, y de 40 millones 824 mil dólares.
En estos montos se incluye la adquisición del programa de espionaje Pegasus.
“Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del Malware Pegasus y hay una serie de empresas relacionadas con 15 transacciones de manera financiera», puntualizó.
Entre 2012 y 2016, la PGR, las secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de Marina, Sedena, la Tesorería de la Federación, Conagua, Banobras, y los gobiernos de Colima, Chiapas y Veracruz, contrataron los servicios de las empresas ligadas a los proveedores de Pegasus.
«Estamos hablando de contratos desarrollados durante 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, en todas las empresas vinculadas con este grupo.
«Es importante señalar que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del 2018 y que durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal», detalló el titular de la UIF.
Las empresas proveedoras de los sistemas de espionaje, reportaban ingresos de relevancia, sin embargo, contaban con escaso personal, sin el perfil económico de personas que manejan grandes montos de recursos.
Las empresas dejaron de reportar ingresos a partir de 2019 y se declaran en ceros ante las autoridades fiscales.
«Se presentará la información ante la Fiscalía General de la República, y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente administración y solamente los recursos fueron transferidos a Estados Unidos, Italia, Israel y solamente de Balam y de Tech Bull los montos hacia Israel, fueron de 25.2 millones de dólares», comentó el funcionario.
Se bloquearán cuentas de quienes estén involucrados en estos casos, dijo Nieto.
