Por Héctor Estrada

Pese a la publicación del decreto de protección y ante la indiferencia de las autoridades municipales y ambientales, numerosas extensiones de los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia en San Cristóbal de las Casas continúan siendo devastadas por la sospechosa propagación de incendios forestales que, a decir de las organizaciones civiles, apuntan a ser provocados para acelerar el cambio de uso de suelo.

Las autodenominadas “guardianas de los humedales” señalaron que hasta el momento suman seis incendios casi consecutivos dentro del área natural, por lo que temen se trate de un proceso intencional para limpiar las áreas de pastizales y facilitar la desincorporación progresiva con fines inmobiliarios.

Y la preocupación no es para menos. Se trata de al menos 215 hectáreas que no sólo dan refugio a especies endémicas, sino que además representan el 70 por ciento del agua disponible dentro la ciudad, por lo que la devastación e intereses mezquinos podrían significar pronto serias consecuencias para esa turística ciudad de Chiapas.

Y es que, el tema de los humedales de montaña en San Cristóbal no es nuevo. Durante las últimas dos décadas poco más de 20 hectáreas al interior de los humedales han sido completamente devastadas, secadas, rellenadas y acondicionadas para el desarrollo de zonas habitacionales irregulares. Tan sólo en lo que respecta al humedal María Eugenia se tienen registradas 15 invasiones y numerosas zonas de azolvamiento intencional que han provocado un impacto ambiental considerable.

Fue 2017 cuando diversos colectivos, personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas iniciaron una ruta de defensa no jurisdiccional ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias. Sin embargo, la queja fue archivada durante tres años, por lo que fue hasta el 1 de febrero del 2022 cuando fue emitido el ansiado pronunciamiento oficial del organismo.

La recomendación reconoció violaciones a los derechos de un medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, así como a la vivienda adecuada. Además, dio a conocer se realizará el deslinde de responsabilidades de servidores públicos y dependencias oficiales por irregularidades administrativas que derivaron en presuntos delitos.

El documento emitido por la CNDH exigía la aplicación urgente de: “medidas correctivas, de seguridad y de salvaguarda a los ecosistemas”. Así como la elaboración de un informe sobre el estado que guardaban “las carpetas radicadas en la fiscalía, relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas”.

Finalmente, el momento esperado llegó el pasado 8 de enero de 2024 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto declaró área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna, a los Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia. No obstante, las intenciones turbias para seguir ganando terreno a los humedales parecen haber incrementado en las últimas semanas.

La nueva estrategia ecocida, según las organizaciones protectoras de área natural, es justo la de provocar un daño progresivo a la zona. Por eso la propagación sospechosa de incendios durante las últimas ocho semanas. Así lo han documentado vecino de los humedales que, aseguran, ya han denunciado lo sucedido antes las autoridades.

En torno al caso existen actualmente al menos 60 denuncias formales ante dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, que hasta el momento han sido omisas.

El asunto, según las propias organizaciones defensoras, requiere de una vigilancia permanente y de la aplicación contundente de la ley contra quienes se vean involucrados en los atentados ecocidas que, temen, puedan tener de fondo la complicidad de autoridades locales involucradas en la comercialización o invasión del área depredada… así las cosas.

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