Héctor estrada
El escándalo nacional desatado hace una semana por el caso de maltrato animal o abuso de autoridad a manos de policías municipales no fue suficiente para que el actual presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, diera la cara a sus gobernados y saliera a enfrentar una crisis que llevaba de por medio, además del desproporcionado episodio de crueldad animal, graves violaciones a los derechos humanos.
Lo ocurrido el pasado 5 de marzo es más grave de lo que parece. Y es que, si bien las escenas de crueldad viralizadas en redes son razón suficiente para exigir castigo ejemplar a los responsables, lo que sucedió con el taxista, Jorge Alberto Castañón Cipriano, que intentó auxiliar al perro, tiene implicaciones aún mayores.
De acuerdo a la denuncia hecha por el propio Jorge, tras perseguir a los elementos policiacos para exigir que soltaran al perro, éstos lo amedrentaron, golpearon, amenazaron, inventaron cargos e intentaron extorsionarlo, para finalmente terminar detenido. Así, lo ocurrido al taxista se convirtió una flagrante violación a sus derechos humanos, con características que podrían configurar el delito de tortura y privación ilegal de le libertad.
No es un asunto menor. Las implicaciones de lo sucedido involucran de manera directa al gobierno municipal en su totalidad, como figura responsable en la cadena de mando. Ese día se cometieron dos abusos policiales graves, pero uno de ellos representa consecuencias legales y jurisdiccionales de mayor alcance. ¿Por eso, entonces, el silencio conveniente de la presidencia municipal en torno al caso?
¿Por eso, pese al escándalo mediático, no hubo mensaje contundente de parte del presidente municipal? Lo cierto es que lo sucedido no sólo evidenció la inhumanidad de los elementos involucrados, sino que dejó constancia pública de las podridas prácticas policiales utilizadas en Tuxtla Gutiérrez para amedrantar, abusar, inventar cargos y castigar sin razón a ciudadanos sometidos por la prepotencia y la impunidad. Y lo peor de todo es que sigue sucediendo.
Por eso era importante una postura contundente del presidente municipal, una disculpa pública y garantías de no repetición con acciones precisas de su propia voz. Y es que, el ayuntamiento además está facultado constitucionalmente para proponer iniciativas de ley, como la que se requiere contra el maltrato animal. Sin embargo, la respuesta ha sido opuesta. Hasta la fecha no se han hecho públicas las sanciones contra los elementos involucrados, ni las acciones a tomar para combatir a esa evidente corrupción dentro de la corporación.
Si ya se tienen identificados a los responsables, qué más investigaciones se requieren cuando la evidencia circuló a la vista de todos. Por el contrario, se ha guardado silencio, esperando que el tema sea olvidado con el paso del tiempo. Carlos Morales ha permanecido ausente o más bien indiferente respecto a un hecho que lo involucra sin miramientos, y que movilizó a cientos de ciudadanos el pasado fin de semana.
Tuxtla Gutiérrez y Chiapas entero necesitan hoy de empatía y responsabilidad dentro de sus autoridades y representantes legislativos. La entidad no puede seguir siendo uno de los cuatro estados del país que todavía no cuenta con leyes de castigo al maltrato animal, pero tampoco puede seguir siendo “marioneta” de gobierno municipales omisos, cómplices e indiferentes ante los reclamos legítimos de sus ciudadanos… así las cosas.
