Tuxtla Gutiérrez
Con el propósito de proteger los derechos laborales de las y los trabajadores en el estado de Chiapas, la diputada Ana Laura Romero Basurto presentó la iniciativa para efecto de tipificar como fraude equiparado la conducta de los patrones que obligue a uno o más trabajadores a firmar documentos en blanco, con el fin de obtener renuncia de derechos.
Al respecto, Romero Basurto señaló que lamentablemente, desde hace algún tiempo, es recurrente que antes del inicio de una relación laboral, los patrones obliguen al solicitante de un empleo, a firmar su renuncia anticipada, o incluso a firmar hojas en blanco, para poder ser contratados y posteriormente confeccionar un documento para despedirlos en el momento en que mejor convenga, simulando una renuncia voluntaria.
Señaló que está práctica humillante que utilizan algunos patrones, o superiores jerárquicos, no sólo en las empresas privadas, sino desafortunadamente también en las oficinas públicas y gubernamentales, resultan a todas luces, injustas y violatorias a los derechos laborales, ya que priva al trabajador de recibir lo que por ley le corresponde; por lo que, este tipo de prácticas ilegales y abusivas, deben erradicarse, pues genera inestabilidad laboral y un sentimiento de impotencia e indefensión para el trabajador, con el objeto de condicionar el acceso a un empleo, haciendo que ante la necesidad de obtener el trabajo, renuncie de manera anticipada a sus derechos más elementales, como lo es una liquidación justa.
De ahí la necesidad de esta Iniciativa por el que se adiciona la Fracción XXVII al artículo 304 del Código Penal para el Estado de Chiapas que busca tutelar el derecho a la seguridad laboral, proponiendo una reforma al Código Penal Local, para elevar a rango de delito y sancionar al que obligue a los trabajadores a firmar su renuncia anticipada, documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de sus derechos, o le impongan obligaciones a éste, con el fin de menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.
“Como autoridades, debemos garantizar un marco normativo que permita a las y los trabajadores acceder y permanecer en sus empleos de forma digna, evitando la precariedad y la inseguridad de la relación laboral, así como los abusos que puedan derivar de la misma. Proteger a las y los trabajadores es una de las obligaciones que como autoridades tenemos que cumplir, pues el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, depende en gran medida de nuestras acciones y de la seguridad laboral para nuestra gente.”
