Ciudad de México
Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. fueron inhabilitadas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al encontrar que falsearon datos presentados en la licitación presentada al Instituto Nacional de Neurología.
Se impuso la sanción de inhabilitación por 3 años y multas resarcitorias por más de 1 millón 350 mil pesos a la empresa Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V., por proporcionar información falsa y actuar con dolo en el concurso de una licitación pública y la prestación del servicio contratado para el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2020”, se informó a través de un comunicado.
En recorridos y visitas de inspección realizados en febrero del 2020 por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, se presentaron una serie de denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” por irregularidades en la prestación de manera ininterrumpida y oportuna del servicio integral de farmacia de dicho instituto; por lo que se determinó iniciar con la investigación que hoy ha concluido con esta sanción.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública determinó que en la licitación, Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., que participaron de manera conjunta en la licitación, falsearon información al momento de concursar por el contrato, al señalar que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual no era cierto”.
Se precisó que violentaron la fracción IV del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“En estricto apego a la norma, se determinó que las empresas actuaron con dolo, pues tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos”.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública, respetando en todo momento el derecho de audiencia de las empresas, resolvió sancionarlas con inhabilitación por 36 meses y multa resarcitoria por 1 millón 358 mil 820 pesos a cada una.
